Negocio de US$ 1 millón: Conajzar debió anular resolución en forma automática, dice SET
Al parecer de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) debió haber anulado la resolución a favor de iCrop en forma automática tras los lapidarios dictámenes de Contraloría y Anticorrupción. La polémica guarda relación con la adjudicación para la legalización de las máquinas tragamonedas.
El viceministro de Tributación, Óscar Orué, mencionó que ante los dictámenes de Contraloría y Secretaría Anticorrupción, que determinaron que la resolución de Conajzar a favor de iCrop fue irregular, la Conajzar debe hacer la suspensión, porque “ellos fueron quienes le otorgaron la responsabilidad a esta empresa».
Aclaró que en este caso la SET no puede anular el RUC a esta empresa, al no tener esa atribución legal. Solo si hay problemas en la nominación de la sociedad o una deuda con el fisco, se puede suspender temporalmente para que no emita facturas. “Lo que sí se puede hacer es inhabilitarla para prestar servicios en la función pública”, agregó.
Explicó que la empresa puede tener RUC y registrar hasta cinco actividades económicas en el Registro Único del Contribuyente, pero el que le otorgó el contrato es Conajzar y por lo tanto es la institución debería dejar sin efecto el contrato, basándose en los dictámenes de Contraloría y Anticorrupción. “Yo desconozco esas resoluciones, pero si es que hay esos dictámenes, Conajzar debería anular automáticamente ese contrato”, expuso.
“El Ministro de Hacienda pidió un informe y se le hizo sobre la actividad de la empresa. Es un contribuyente más, pero el que tiene que tomar decisiones es la Conajzar. Además existe una denuncia penal presentada por algunos legisladores”, dijo por último.
La Contraloría dictaminó días atrás que la adjudicación de Conajzar a favor de la empresa iCrop, para la legalización de las máquinas tragamonedas, se realizó violando varias leyes, como la que imposibilita a autorizar la explotación de estos aparatos en lugares de accesos públicos, la no realización de un proceso licitatorio y la delegación de las competencias de una institución pública a una empresa privada.
A su vez, la Secretaría Anticorrupción consideró que la licitación para la “regularización” de los tragamonedas debió licitarse.
Fuente: Diario Hoy
