Fiscalía congela denuncias contra ex autoridades del Este
Presuntas irregularidades cometidas en la Gobernación de Alto Paraná no avanzan en la Fiscalía según aseguró el asesor jurídico de la actual administración departamental, el abogado César Saifildin. Una de las causas fue remitida a la Unidad Especializada de Delitos Económicos.
El avance de las investigaciones por presuntas irregularidades cometidas durante gestiones administrativas anteriores a la actual administración departamental, a cargo del abogado Roberto González Vaesken, no muestra muchos resultados; no al menos con la celeridad esperada.
Se realizaron las denuncias de los hechos irregulares encontrados y documentados en la institución, aseguró el abogado César Saifildin, actual asesor jurídico de la Gobernación de Alto Paraná.
Explicó que se han realizado las denuncias en el Ministerio Público, una de ellas, se refiere a la escuela Juana María de Lara, donde presuntamente se pagó y se recepcionó una obra inconclusa. El caso se inició en Ciudad de Este, cayó en la Unidad I, de la Fiscalía, luego fue remitido a la capital del país, a la Unidad Especializada de Delitos Económicos. Luego volvió a Ciudad del Este y rápidamente fue remitida otra vez a Delitos Económicos de Asunción, porque según las explicaciones, tiene relación con otra causa donde se investiga a la familia Zacarías Irún.
“De allí nuevamente a la Fiscalía General. Desde este último punto no sabemos en qué unidad se encuentra. La verdad que no tenemos el resultado esperado de las autoridades del Ministerio Público y tampoco del Tribunal de Cuentas”, indicó.
La denuncia menciona que Fernando Schuster, ex gobernador de Alto Paraná, autorizó el pago de G. 483.252.200 a la empresa SOMA SA, por refacciones de un pabellón de ocho aulas, más la sala de dirección de la escuela, ubicada en el km 7,5, de Ciudad del Este, a pesar de que las tareas todavía no concluyeron. Las obras no avanzaron según el contrato y recién culminaron el año pasado, aunque ya se habían pagado por las tareas.
Otra denuncia presentada ante el Ministerio Público fue por los presuntos delitos contra el patrimonio, contra la prueba documental, contra el ejercicio de las funciones públicas y otros, que afectan al ex secretario de Obras Ronny Javier González y Nelly Noelia Rojas Benítez, representante de la firma Servi-Tecni SA, la cual fue adjudicada para obras (refacciones y otros) del Auditorio Municipal Mauro Céspedes (Arte y Oficios) por un monto de G. 1.432.030.000, por la Gobernación del Alto Paraná.
“Sobre esta causa, el 29 de julio de este año, la Fiscalía solicitó los informes de los documentos respaldatorios de restauraciones a la representante legal de la empresa. Mediante nosotros, la Fiscalía cumplió esta tarea. Continúa en etapa de investigación. Hasta ahora no hay nada llamativo en la investigación”, explicó Saifildin.
Fuente: Ultima Hora
